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20/04/2019

España: juicio histórico a los independentistas catalanes

Las audiencias comenzaron hace dos meses y recuerdan los procesos de la Inquisición medieval. Queda en evidencia la mayor crisis política del estado español desde el franquismo

Manifestación durante la huelga general del 21 de febrero.

Víctor L. Bacchetta

En medio de gran silencio de la prensa nacional e internacional, en España se está desarrollando un juicio inédito contra 12 líderes independentistas, nueve de ellos en prisión desde hace más de un año, acusados por el Tribunal Supremo de cometer el delito de rebelión por haber organizado un referéndum y declarado la independencia de Cataluña en concordancia con la decisión mayoritaria del pueblo.

De los 2.286.217 participantes en el referéndum del 1° de octubre de 2017, el 43% del padrón electoral, 2:044.038 (90,2% del voto válido) apoyó la creación de un estado independiente, 177.547 votaron por no y 44.913 en blanco. Desde la fallida prohibición del referéndum, las máximas autoridades del Estado español, con el rey Felipe VI a la cabeza, están probando todas las vías para impedir la separación.

El 27 del mismo mes, ante la proclamación de una nueva república por el presidente Carles Puigdemont y el Parlamento, el gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, destituyó al gobierno catalán e intervino la Generalitat. Mientras Puigdemont marchó al exilio con la mitad de su gabinete, el vice-presidente Oriol Junqueras y los restantes ministros permanecieron y al poco tiempo fueron procesados.

La intervención política y administrativa en Cataluña apuntaba a modificar la relación de fuerzas en favor del centralismo, pero las elecciones del 21 de diciembre siguiente fueron ganadas otra vez por los independentistas. Con una participación del 81,95% en 5.554.394 electores, Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana y Candidaturas de Unidad Popular obtuvieron 70 de los 135 escaños del Parlamento.

El 2 de junio de 2018 cesó la intervención, cuando el independentista Joaquim Torra asumió la presidencia de la Generalitat. No obstante, Junqueras y cinco ex ministros, Carmen Forcadell, ex presidenta del Parlamento, los dirigentes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural, respectivamente, siguieron detenidos a la espera del juicio.

Una década atrás, Cataluña se dedicaba a cuidar su autonomía como nacionalidad histórica dentro del estado español, junto con el País Vasco y otras nacionalidades. Sin embargo, la política discriminatoria y de ahogo económico del gobierno central, acentuada por los gobiernos de Rajoy desde 2011 en adelante, llevó a esta crisis donde el nacionalismo catalán se inclina hoy por la separación estatal.

La reacción autoritaria del estado español no ha hecho más que agudizar la crisis y ha unido la voluntad nacionalista con la defensa de los derechos democráticos. La lucha independentista ha expuesto las falencias de la Constitución de 1978, que plasmó en la monarquía parlamentaria la salida de la dictadura franquista, pero conservó vicios del régimen precedente que han aflorado con fuerza nuevamente.

El Tribunal Supremo (TS) que tiene a su cargo el juicio es el órgano superior del poder judicial español en todos los órdenes: civil, penal, administrativo, laboral y militar. El TS fue creado a partir de la Constitución de 1812 pero no es un poder independiente, su presidente es designado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son escogidos por el gobierno nacional.

La dimensión histórica del juicio está dada tanto por la jerarquía de los acusados y la gravedad de los delitos que se les imputan, como por exponer la mayor crisis política vivida en España desde el fin del franquismo. Por un lado, el juicio rememora a los de la antigua Inquisición, donde los acusados estaban condenados de antemano pero, por otro lado, si esto se confirma, todo indica que la crisis se agudizará.

¿Un callejón sin salida?


Los jueces del Tribunal Constitucional español.

De los 12 acusados, la Fiscalía reclama 25 años de prisión para Oriol Junqueras, ex vice-presidente del gobierno catalán y presidente de Esquerra Republicana; 17 años para Carmen Forcadell, ex presidenta del Parlamento, para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; 16 años para cinco ex ministros regionales y 7 años de cárcel y una multa para otros tres ex ministros actualmente en libertad condicional.

Por el Código Penal español, para sustentar el cargo de rebelión es necesario que se haya recurrido a la violencia. La Fiscalía afirma que los acusados eran "conscientes de la ilegalidad del referéndum y de que se podían producir explosiones violentas". Para los independentistas fue un acto pacífico, sin armas, y que la violencia partió de la policía que agredió a las personas con palos y pelotas de goma.

Serán convocados a declarar en total 558 testigos, cuya designación ya fue un motivo de controversia con el jurado del tribunal. Así, de los 311 testigos propuestos por la acusación fueron aceptados 308 (un 99%), mientras que de los 289 propuestos por la defensa, fueron aceptados 250 (un 87%). Llama la atención también que de todos los testigos aceptados, el 47% son agentes de policía o la guardia civil.

Recorrieron el mundo las imágenes de la violencia policial en el referéndum, cuando fueron reportados más de 800 heridos entre los votantes. Amnistía Internacional, el Consejo de Europa y Human Rights Watch señalaron el "uso excesivo de la fuerza" ese día. En el juicio, los policías se presentan como víctimas de "miradas agresivas", una "muralla humana" o algún paraguazo recibido de los pobladores.

Si el Tribunal Supremo esperaba que la defensa de los acusados apuntara al pedido de un indulto, eso no ha ocurrido. “Soy inocente y, por lo tanto, no me planteo pedir un indulto por un delito que no cometí”, dijo Junqueras. La misma tesitura fue adoptada por la defensa del resto de los acusados, con lo cual están dejando al tribunal la única opción de confirmar las penas propuestas por la Fiscalía.

El juicio ha sido acompañado por intensas movilizaciones en apoyo a los acusados, tanto en Cataluña como en la Capital, donde es la sede del tribunal. El 21 de febrero tuvo lugar un paro general absoluto en Cataluña convocado por la Intersindical CSC. El 16 de marzo se efectuó una manifestación de 120 mil personas en Madrid, con el lema “La autodeterminación no es delito. Democracia es decidir”.

El juicio tiene una duración estimada de tres meses. Las sesiones iniciadas el 12 de febrero pasado son trasmitidas en directo por la televisión nacional y seguidas por más de 600 periodistas españoles y extranjeros acreditados. La fiscal general María José Segarra rechazó la presencia formal de observadores internacionales solicitada por el independentismo, pero éstos siguen las audiencias desde el público.

La plataforma International Trial Watch (ITW), que realiza el seguimiento del juicio en la Web, denunció las preguntas de la fiscalía del Estado español: "Se criminaliza la convocatoria y la participación en manifestaciones multitudinarias” afirmó ITW y cuestionó al ministerio público por “ignorar el concepto de manifestaciones espontáneas, reconocidas y amparadas por el derecho internacional”.

El próximo 28 de abril habrá elecciones municipales en Cataluña y servirán para medir el efecto del juicio en Madrid sobre el conflicto. El Centro de Estudios de Opinión volvió a preguntar en una encuesta si "Los catalanes tienen derecho a decidir su futuro como país votando en un referéndum" El resultado fue casi el mismo de dos años atrás: 78,7% de los catalanes se manifestó "muy o bastante de acuerdo".

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