La Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos rechazó el “chantaje” realizado por el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), general Alfredo Erramún, quien durante su asunción planteó una propuesta para entregar datos sobre víctimas de la represión militar a cambio de impunidad.

“Tenemos que buscar una solución que de paz, tranquilidad y que reconforte a todos los que hoy están dolidos”, dijo el militar frente al presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Defensa Jorge Menéndez. Consultado sobre cuál era su propuesta, Erramún se refirió al final del apartheid en Sudáfrica, donde según dijo se perdóno a los culpables de los crímenes a cambio de que aportaran información sobre las víctimas. 

“A mí lo que me consta es que, el que sabe y no habla, de repente es porque toma alguna precaución”, aseguró respecto a los datos que pueden tener los militares en Uruguay. 

“Nuevamente, como se ha hecho costumbre, en ese acto protocolar un alto oficial en funciones hace declaraciones sobre varios temas, a pesar de estar inhibido constitucionalmente para realizarlas”, señala la organización en un comunicado, en el que denuncia que el planteo del jefe castrense “reitera el chantaje de brindar información sobre nuestros desaparecidos, que parece saber que existe, a cambio de más impunidad”.

Según los familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por civiles y militares durante la represión, “estas declaraciones, hechas con total liviandad e hipocresía”, representan “una falta de respeto a la conciencia democrática de nuestra sociedad”.

Por ese motivo, exigieron a Erramún, “visto que está en conocimiento de que las Fuerzas Armadas tienen información, actúe en función del cargo que ocupa y se la entregue al Presidente de la República. Con todas las garantías de un estado de derecho que parece ignorar”.

La organización recordó que “hace más de 30 años que los distintos jerarcas militares reclaman y ponen condiciones con la promesa falsa de dar información”, y los distintos gobiernos democráticos “concedieron todas esas condiciones y nunca hablaron: más de 25 años de absoluta impunidad que otorgó la Ley de Caducidad con los nefastos resultados de maniatar a la justicia e impregnar a la ciudadanía en esa cultura de impunidad”.

Familiares también acusó a las Fuerzas Armadas porque “parecen insaciables” ya que mientras buscan “inmunidad para sus crímenes” de lesa humanidad “protestan por las reformas a su caja y las jubilaciones de los oficiales; se ubican fuera de la Constitución y la Ley cuando continúan opinando sobre soluciones para el país y avalando en discursos el golpe de estado y sus métodos de tortura, así lo han hecho los sucesivos mandos desde el retorno a la democracia sin consecuencia alguna”.

La organización recuerda que los militares “nunca demostraron arrepentimiento por los crímenes cometidos, y menos aún asumieron la responsabilidad que les cabe por haber usurpado el gobierno por la vía de las armas” y consideró que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben “generar las garantías necesarias para que nunca más haya dictadura en nuestro país”.

En la actualidad existe una treintena de pedidos fiscales de procesamiento de responsables de delitos cometidos durante la dictadura que permanecen sin un fallo por parte de la Justicia.

El comunicado concluye solicitando al Estado “Tomar las medidas que correspondan para no permitir los desbordes inconstitucionales de los altos mandos, redimensionar las Fuerzas Armadas, reformular su formación desterrando la infame Doctrina de la Seguridad Nacional que sostuvo la ideología desplegada en los años de dictadura. Y exigir a sus mandos información y respeto”.