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30/04/2018

La República minera del norte

Casi no se habla de la extracción de ágatas y amatistas en Artigas, pero la minería ha pasado a dominar la vida del departamento con reglas propias al margen de las vigentes en el país.


Víctor L. Bacchetta

“Para todas las áreas en este país, el Uruguay hace leyes como si fuéramos del Primer Mundo, pero no somos del Primer Mundo. Después quedamos con este problema: la ley allá arriba, la realidad acá abajo y veinticinco mil conflictos en el medio”, dijo a Sudestada el director de Desarrollo Productivo de la Intendencia de Artigas, Rodolfo Caram, al justificar así los conflictos generados en ese departamento por la explotación de piedras semipreciosas, ágatas y amatistas.


Rodolfo Caram, director de Desarrollo Productivo de la IDM.

Con el respaldo institucional de los gobiernos nacional y departamental, así como del sistema político en pleno – en la última elección municipal, los candidatos a Intendente de todos los partidos firmaron un compromiso de apoyo al sector -, sumado con una ostensible complicidad de los organismos del estado fiscalizadores de esa actividad, los mineros ejercen un predominio avasallador sobre la sociedad artiguense, que se traduce en graves conflictos sociales y ambientales soterrados.

El problema no son las leyes, sino la falta de voluntad política para aplicarlas. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, tanto a nivel nacional como departamental, poseen las atribuciones para autorizar proyectos mineros, controlar su ejecución y sancionar los incumplimientos. Si esto no funciona, la responsabilidad es de los titulares de esos poderes pero, si el sistema político-partidario los respalda, desaparecen los límites para la defensa de los derechos de los ciudadanos de a pie.

Una larga y oscura historia


Máquina excavadora en una cantera. 

Algunos remontan estos conflictos 60 años atrás o más, pero cambios recientes en el conocimiento geológico, la escala de los proyectos y las tecnologías de explotación, en lugar de reducirlos, los multiplicaron y los controles del estado parecen superados por los hechos. En octubre de 1991, en una acalorada reunión de la Junta Departamental con la participación de los diputados nacionales, productores rurales y talleristas, se plantearon varios problemas existentes con esta minería.

En aquel momento, se registraron situaciones tales como:
+ especulación y corrupción en torno a los pedimentos y las concesiones de títulos mineros por la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige);
+ incumplimiento de las labores de remediación al término de la actividad extractiva, imposibilitando toda explotación futura de los campos utilizados;
+ insuficiente control oficial de la producción minera, que posibilita la subdeclaración y disminuye el monto del canon a pagar al estado y al superficiario;
+ demarcación territorial inadecuada a las necesidades de las diferentes actividades productivas dada la incompatibilidad entre minería y ganadería;
+ extranjerización de la tierra en la zona y contrabando hacia Brasil, desde donde se exportan las piedras uruguayas como si fueran brasileñas.

Han pasado más de 25 años y los problemas se agudizaron. “Lejano Norte: Guerra territorial por explotación de ágatas y amatistas” tituló en 2015 el diario “El País”, por una violenta disputa desatada en Artigas entre empresarios mineros. Un año después, el semanario “Búsqueda” denunció irregularidades administrativas en la Dinamige, connivencia de funcionarios con empresarios y falta de controles mineros, con solo cuatro inspectores y un fiscal para fiscalizar todo el Uruguay.

Los problemas actuales no provienen de una crisis económica del sector sino, por el contrario, se derivan de un salto cualitativo y cuantitativo en los métodos extractivos, con grandes excavadoras y camiones y el uso masivo de explosivos. Las disputas, amenazas armadas y denuncias judiciales entre los mineros son un reflejo de la lucha por abarcar mayores áreas donde se localizan los yacimientos, en especial el Distrito Gemológico de Los Catalanes, al este del departamento.

Los “pedreros”, como llaman los artiguenses a los mineros, no constituyen un bloque homogéneo. Conviven medianas y grandes empresas, en algunos casos son dueños también de los campos que explotan, con empresarios y mano de obra brasileña en medio de una gran informalidad facilitada por la falta de controles. En este contexto, los pequeños propietarios de tierras dedicados a la producción agropecuaria y los trabajadores en las minas sufren las peores consecuencias.

El “boom” minero del norte


En solo siete años, la extracción de piedras semipreciosas en Artigas se incrementó 47 veces, pasando de 318 a 15.082 toneladas entre 1998 y 2004, según las cifras de la Dinamige. Ese nivel se mantiene hasta el presente, con picos de producción por encima de las 20 mil toneladas en 2011, 2012 y 2013. Estas son las cifras oficiales, porque el consenso informal en la zona (repaldado por varias actuaciones de la Dirección Nacional de Aduanas en los últimos años) es que buena parte de la extracción no es declarada o es ilegal, saliendo de contrabando hacia el Brasil.

Con ese nivel de extracción de los últimos años y los valores base para la liquidación del canon definidos por la Dinamige en abril de 2018, tenemos una producción de ágatas y amatistas en Artigas por un valor de más de 12 millones de dólares anuales. Si se calcula el canon en base al 5% de la producción para los primeros cinco años de explotación (en los siguientes es 8%), los mineros estarían pagando unos 600 mil dólares anuales (2% al estado más 3% a los superficiarios).

Sin embargo, la Asociación de Mineros de Artigas (AMINA) no dejaba de quejarse en febrero de 2017 por sus pérdidas. Invocando a los trabajadores, el presidente de la AMINA, Marcos Martínez, declaró a Radio Uruguay: “Venimos de más a menos, se ha pasado de 600 a 300 puestos de trabajo”. Pocos días antes, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) había anunciado una rebaja en el cobro del canon estatal, pero el empresario la consideró “insuficiente para reactivar el sector”.

En ese mismo momento, la presidenta del Plenario Intersindical de Artigas, Fabiana Clara, rechazó la rebaja de impuestos y cánones a la minería. “Los mineros no han dejado de ganar plata jamás; se puede y se debe repartir mejor” dijo Clara a Radio Uruguay, y agregó que los trabajadores son “tremendamente explotados con pésimas condiciones laborales” y objeto de represión sindical, sin que exista una fiscalización de esta situación por parte de los inspectores del Ministerio de Trabajo.

La AMINA no logró solo la rebaja del canon estatal, sino que encontró también una vía para manipular el canon del superficiario dueño del campo. Bajo la dirección de Leda Sánchez, la Dinamige dispuso en 2015 un procedimiento para que los superficiarios pudieran cobrar el canon a través de un banco. Pero en 2017, con Néstor Campal al frente, una circular del organismo formalizó la “renuncia (anticipada) al derecho de percibir el cobro del canon” por los superficiarios con títulos mineros.

¿Qué significa este procedimiento? Que el minero puede convencer al superficiario de renunciar a ese derecho y recibir un pago directo, con lo cual el minero deja de pagar al estado el canon del superficiario. Basta con conocer mínimamente las condiciones socio-económicas y culturales de los pequeños propietarios de tierras en la zona y la disparidad de recursos de todo orden existente entre el minero y el superficiario para darse cuenta de que ese mecanismo es otra concesión al primero.

Para el profesor Alfredo Caputo, titular del curso de Derecho Minero de la UdelaR, “un procedimiento administrativo no puede ir contra una disposición de orden público”. La percepción del canon de producción establecida en el Artículo 28 del Código, es “un derecho irrenunciable” del superficiario, dijo a Sudestada. En definitiva, la recaudación del canon por el estado dispuesta en el Artículo 45 del Código de Minería es una garantía del superficiario para recibir en tiempo y forma lo que le corresponde.

Trabajadores y superficiarios


Cantera con una casa abandonada.

A la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) le ha sido muy difícil organizar a los trabajadores mineros en Artigas. El sindicato denunció en el Parlamento en 2011 las condiciones deplorables de trabajo, sin ropas ni equipos de seguridad, descalzos y sin mascarilla en medio de la arenilla de las explosiones. El encargado del Interior del UNTMRA, Manuel López, señaló no obstante que existen avances y tienen buena relación con la dirección de AMINA.

A mediados de 2017, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y el Plenario Intersindical, convocaron a un taller en Artigas con el fin de informar y analizar la situación de la minería en el departamento. Además de los trabajadores, participaron empresarios y autoridades locales y nacionales. La ministra de Industria Carolina Cosse arribó en helicóptero al evento, pero se mostró molesta con los organizadores, a quienes dijo que el lugar para tratar esos temas es el Consejo Sectorial.

En febrero de 2016 fue creado por el Poder Ejecutivo el Consejo Sectorial de Ágatas y Amatistas como ámbito consultivo y de coordinación de las políticas del sector entre gobierno, Cámara de la Industria Minera, PIT-CNT y sector académico. A pesar de la interrelación inevitable entre la actividad extractiva y la producción rural, prevista expresamente en el Código de Minería, el Poder Ejecutivo no incluyó ni ha querido reconsiderar la participación de los superficiarios en ese Consejo.



En cuanto a los pequeños propietarios, en Los Catalanes hay concesiones mineras de más de 30 hectáreas en un campo de 45 hectáreas, donde el superficiario aún vive con su familia y debe cuidarse de las explosiones sin aviso que arrojan grandes y filosas piedras al lado de su casa. Si se exigiera una franja de seguridad por las explosiones, no quedaría ninguna parte del predio libre. El Código de Minería prevé una solución para una situación como esta, que no es única en la zona.

Por el Artículo 28 del Código, el superficiario tiene derecho A exigir del titular minero que adquiera su predio o parte del mismo, si, como consecuencia de la actividad minera, se viera privado de la utilización del predio o de parte importante del mismo”. Es imposible otra actividad productiva en ese predio y cuando concluya la actividad extractiva quedará inutilizable. Esto debido a otra situación de hecho en la zona, el abandono completo de las minas sin trabajos de remediación.

Cuando el propietario o el arrendatario mantiene una actividad ganadera, a menudo ocurren muertes de animales por la contaminación del agua, el contacto con químicos, accidentes en la cantera y los perros del minero, debido a la no separación entre las áreas respectivas. Al menos, estos casos deben ser reparados económicamente, pero aquí depende estrictamente de la voluntad del minero, porque las denuncias son infructuosas ante la estrecha relación del empresario y la policía.

Finalmente, explotaciones en medio de los cursos de agua, a menos que medie una decisión especial de Dinamige, violan el Artículo 65 del Código: “Las labores mineras no podrán practicarse en terrenos cultivados, a una distancia menor a 40 metros de un edificio o de una vía férrea o de un camino público, a 70 metros de cursos de agua, abrevaderos o cualquier clase de vertientes”. La frecuencia con que esto ocurre en esa zona no hace creíble que se trate de casos especiales.