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30/05/2017

Un Estado que no está y un canciller que no sabe

La respuesta oficial de Uruguay ante la CIDH enumera iniciativas administrativas y omite menciones al robo al GIAF o al Grupo por Verdad y Justicia. El canciller Nin Novoa dice que nadie invitó al Poder Ejecutivo

Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv 

“Si bien no será posible la participación de modo presencial en la referida audiencia, el Estado ha decidido realizar una respuesta escrita”
, decía la nota que el Estado uruguayo envió este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar su posición sobre el motivo de la convocatoria: “Operadores de Justicia y defensores de Derechos Humanos en el proceso de justicia transicional en Uruguay”.

Tanto los comisionados Francisco Eguiguren (presidente), James Cavallaro y Jesús Orozco, como los integrantes del Observatorio Luz Ibarburu (OLI), hicieron especial énfasis en esa ausencia oficial, que fue calificada como "histórica" por la CIDH. El escrito había sido enviado a la comisión por la delegación uruguaya ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con el pedido de que fuera leída por los comisionados, pero el pedido no fue aceptado. Y los miembros del OLI no pudieron analizar las respuestas debido a que el escrito les fue entregado en el momento de su ingreso a la sala de audiencias.

La "respuesta"

El documento de 16 páginas habla en primer lugar del avance de la causa judicial del caso Gelman, en cuyo proceso se condenó a "José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab Fernández, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Jorge Silveira Quesada y Ricardo José Medina Blanco, como co-autores penalmente responsables de un delito de homicidio intencional muy especialmente agravado, a la pena de treinta (30) años de penitenciaría, para cada uno de ellos”.

Respecto a la desaparición forzada de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, el estado uruguayo dice que “se procura encontrar sus restos por medio del trabajo que desarrolla el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF)”, objetivo para el cual se continúan las excavaciones en el predio del Batallón del Ejército número 13.

En cuanto a la aplicación de la Ley de Caducidad, la nota señala reiterados pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la norma, por lo cual concluye que “desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, no existe ningún obstáculo legal que impida investigar, perseguir y castigar los delitos que se hayan cometido durante el período antes mencionado”.

Sobre el avance de las investigaciones judiciales de los delitos de lesa humanidad, el escrito sostiene que “se han judicializado 213 causas” en todo el país, “pudiendo identificarse 149 causas en los distintos juzgados de Montevideo y 64 en los distintos departamentos del interior de nuestro país”.

Lo que omite decir el documento es que la actuación judicial en este aspecto ha sido insuficiente y retardada, ya que sólo existen procesamientos de 30 represores hasta 2016, mientras que hay 33 pedidos por delitos de homicidio y torturas en nueve casos nuevos, según un informe del OLI.

El documento también dedica cinco páginas de las 16 a describir las reformas emprendidas en la Fiscalía General de la Nación a fin de lograr su modernización, pero en ellas nada se dice de la temática de la audiencia convocada por la CIDH.

Recién en la página 10 se señala la creación de una Unidad Especializada en Derechos Humanos a fin de “realizar los asesoramientos, análisis, coordinaciones, capacitación y difusión de información que resulten necesarios para facilitar la actuación eficiente y efectiva de los representantes de la FGN en aquellos procesos judiciales relativos a graves violaciones de los derechos humanos”.

Las causas judiciales que se tramitan en los tribunales uruguayos “presentan dificultades en la etapa de investigación, en la dilucidación jurídica, demoras en la resolución de los casos y por ende en la respuesta a las víctimas”, admite el escrito. Por este motivo, añade la nota, la FGN propuso la creación de una fiscalía especializada en delitos del pasado reciente, iniciativa que recién cuenta con media sanción del Senado.

También destaca la nota que medio centenar de fiscales fueron capacitados desde 2012 en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que temáticas similares se dictan en los cursos de aspirantes a magistrados del Poder Judicial.



Amenazas del Comando Barneix

En la página 14 del documento el Estado uruguayo refiere a las amenazas proferidas por el autodenominado “Comando General Barneix”, un grupo que desde su nombre homenajea al excomandante en Jefe del Ejército Pedro Barneix, quien se suicidó al conocer su procesamiento por el caso del homicidio político del comerciante Aldo Perrini.

Después de señalar las características de la amenaza recibida por correo electrónico (a través de la dirección comandogralbarneix@mail2tor) y de reproducir partes del texto amenazante, la nota enumera a las personas que fueron objeto del amedrentamiento: “Ministro de Defensa Nacional, Sr. Jorge Menéndez; el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Jorge Díaz; la exfiscal y actual integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Dra. Mirtha Guianze; la exvicecanciller, Prof. Belela Herrera, los abogados Dr. Oscar López Goldaracena, Dr. Federico Álvarez Petraglia, Dr. Pablo Chargoñia, Dr. Juan Errandonea, Dr. Juan Fagúndez, Dra. Hebe Martínez Burlé, el activista brasileño, Sr. Jair Kirschke, y el jurista francés, Sr. Louis Joinet.”

Curiosa y lamentablemente se omitió en esa lista a la académica Francesca Lessa, quien además se encontraba en la sala de la audiencia de la CIDH a la que no asistió ningún representante del Estado uruguayo.

Sobre la imposibilidad de llegar al origen del correo, a fin de dar con los responsables de su redacción y envío, la nota expresa lo siguiente: “El correo de origen fue comandogralbarneix@mail2tor, su dominio es "tor" (dirección de correo creado dentro de la "internet profunda" o "deep web") el cual no permite realizar una trazabilidad de cuál es el servidor en el que se originó, ya que la dinámica es de proceso "randómico o aleatorio", sin ningún orden trazable por diversos servidores, los cuales son clandestinos, por lo que es prácticamente imposible de obtener una identidad (física o virtual) del lugar o de la persona que creo dicha cuenta y envió el correo electrónico de marras. Al ser extensión "tor" no hay físicamente a quien efectuar consulta respecto a eventuales IP relacionadas al mismo.”

La sigla TOR (The Onion Router, por su significado en inglés) refiere al sistema creado por la Electronic Frontier Foundation a fin de que los mensajes intercambiados entre los usuarios en Internet no revele su identidad y garantice el anonimato a nivel de la red. Si bien es real la dificultad que existe para acceder a la identidad de los usuarios, según información obtenida de los documentos por Edward Snowden en 2013, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) habría conseguido descubrir las identidades de los usuarios que buscan el anonimato, tal como publicó el diario estadounidense The Washington Post

Sin entrar en mayores detalles sobre la investigación, y después de mencionar todas las gestiones que se realizan a nivel local e internacional para ubicar el origen del correo electrónico amenazante, la nota del Estado uruguayo añade que “la mayoría de los mencionados en la lista ya declararon en la sede judicial y quienes no lo hicieron fue por vivir en el extranjero. No obstante, por intermedio de la policía actuante se les puso en conocimiento a través de los Consulados, a las personas amenazadas de nacionalidad extranjera.”

Nada dice el escrito si se tomó alguna medida para garantizar la seguridad de los amenazados, lo cual fue reclamado por los integrantes del OLI durante la audiencia, así como tampoco hubo ninguna referencia a otros episodios ocurridos recientemente que involucran a defensores de derechos humanos como el robo (todavía sin esclarecer) en la sede del GIAF en la Facultad de Humanidades.

Tampoco se dedica una sola palabra al trabajo realizado hasta el momento por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que el presidente Tabaré Vázquez creó por decreto al inicio del actual gobierno, y también se omite cualquier mención a la investigación parlamentaria sobre el espionaje militar en democracia que se descubrió a partir del hallazgo del archivo Castiglioni.

Estado "preocupado"

Teniendo en cuenta todas estas omisiones, y la falta de voluntad política para responder a la convocatoria de la CIDH, resultan llamativas las declaraciones realizadas por el canciller Rodolfo Nin Novoa desde Viena, donde participa de la comitiva oficial que acompaña al presidente Vázquez.

Nin Novoa dijo a la prensa que “Al Estado no (se lo convocó a las audiencias de la CIDH), se le hizo una convocatoria a la Suprema Corte de Justicia y al Parlamento. No fue al Estado en su conjunto”. "Al Poder Ejecutivo no", insistió el canciller ante el requerimiento periodístico, según informó Radio Uruguay

Si el Poder Ejecutivo no fue invitado, como afirmó el canciller Nin Novoa, no se explica cómo la carta que llegó a la CIDH tiene el sello de la Misión Permanente del Uruguay ante la OEA, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tanto es así, que el documento que recibieron los comisionados dice lo siguiente: "el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay comunica que no será posible participar de modo presencial por lo que se remite adjunto la información solicitada para la mencionada audiencia"




El Estado uruguayo ha dado “pruebas fehacientes” de la importancia que le asigna a los derechos humanos. “Si algo ha hecho en los últimos 15 años el gobierno uruguayo ha sido preocuparse de estos temas”, dijo Nin.