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20/06/2019

El gobierno “no cumple” con “normas mínimas” para eliminar el tráfico de personas

Un informe del Departamento de Estado de EEUU reconoce el trabajo realizado por Uruguay para aprobar la Ley Integral de Trata de Personas y que se toman medidas para combatir este delito
Pablo Alfano / Sudestada / @pabloalfano

La edición 2019 del informe anual sobre trata de personas que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce el trabajo realizado por el gobierno de Uruguay para la aprobación de la Ley Integral de Trata de Personas El documento destaca que para ello se creó el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, pero advierte que “el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave”.

El informe pone como ejemplo que los funcionarios policiales y los inspectores de trabajo no identificaron a víctimas de manera sistemática y señala que “los intentos de enjuiciar y condenar a presuntos tratantes fueron insuficientes”, ya que “no se condenó a ningún tratante por segundo año consecutivo, y sólo ha condenado a cinco personas en los últimos seis años”.

El documento estadounidense señala como recomendaciones que se brinden “servicios adecuados, incluidos los refugios, a todas las víctimas, incluso aquellas que se encuentran fuera de la capital”. Además, propone que se “aumente la capacitación para los funcionarios policiales y de Prefectura Nacional Naval, inspectores de trabajo, fiscales, jueces y trabajadores sociales para identificar y ayudar de manera proactiva a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, incluida la búsqueda de víctimas entre trabajadores extranjeros y personas que ejercen la prostitución”.

El trabajo, al que accedió Sudestada, solicita que el gobierno uruguayo asigne partidas de dinero para poner en marcha la Ley Integral de Trata de Personas y aconseja “llevar adelante inspecciones a bordo de los buques de bandera extranjera que se encuentren en aguas uruguayas y en el puerto de Montevideo” con la finalidad de buscar indicios de tráfico de personas entre los trabajadores extranjeros, además de “mejorar la cooperación internacional para investigar casos y proteger a víctimas extranjeras”, en especial los menores de edad.

El informe del Departamento de Estado también recomienda “revisar la definición de trata de personas vigente en el marco legal uruguayo para adaptarla a la que figura en el Protocolo de Naciones Unidas del año 2000”.

Los casos ante la Justicia

El trabajo norteamericano destaca como positivo que en Uruguay la labor judicial y pone como ejemplo el artículo 78 de la llamada Ley de Migraciones, promulgada en el año 2008, que estableció penas de 4 a 16 años de penitenciaría para la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral Estas penas se incrementaron de un tercio a la mitad si el delito de trata involucraba a una víctima menor de edad.

Además, el informe destaca que en el año 2018 se aprobó la Ley N° 19.623 de Prevención y Combate de la Trata de Personas que estableció estándares mínimos para la protección de las víctimas, la prevención y la investigación, y creó una respuesta institucional integral para luchar contra estos delitos.

Sin embargo, el gobierno no condenó a ningún acusado de de tráfico de personas en 2017 y 2018. “Durante los últimos 6 años, el gobierno sólo ha condenado a 5 tratantes, de un total de 43 investigaciones y 52 procesamientos. La Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación se centró en investigar y enjuiciar delitos relacionados con la trata y la explotación infantil. Las autoridades no informaron que hubiera habido investigaciones, procesamientos o condenas de funcionarios públicos que hubieran sido cómplices de delitos de trata de personas. Las autoridades informaron que hubo dificultades para someter a juicio los casos de trata porque las víctimas inicialmente dieron su consentimiento para ejercer la prostitución y, en la mayoría de los casos, no hubo restricción física. El gobierno no informó sobre instancias de capacitación para funcionarios policiales, jueces o fiscales sobre la irrelevancia del consentimiento inicial para ejercer la prostitución o sobre cómo lidiar con casos que incluyan formas de coacción que no sean la restricción física”, señala el informe.



El informe sostiene que el gobierno uruguayo “mantuvo un nivel de trabajo inadecuado en lo que refiere a la protección” de las víctimas de trata de personas. “El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fue el principal proveedor de servicios para víctimas de todos los delitos, pero no existieron en Uruguay servicios especializados para víctimas de trata. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) estuvo a cargo de asistir a víctimas menores de edad. En 2018 se identificaron 95 víctimas. No quedó claro quién identificó a esas víctimas ni cuántas de ellas fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual o de trabajo forzado. El Mides informó que asistió a 72 víctimas de trata (hubo 71 en 2017), y que más de la mitad de ellas fueron víctimas extranjeras”, destaca el trabajo realizado por EEUU.

Perfil de la trata en Uruguay

El documento señala que tanto mujeres como personas LGBTI de Uruguay son obligadas a ejercer la prostitución en España, Italia, Argentina y Brasil y que mujeres República Dominicana –y en menor medida de otros países sudamericanos- son sometidas a explotación sexual en nuestro país.

También se registran casos de trabajadores extranjeros, principalmente provenientes de Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana y Argentina, quienes son sometidos a trabajo forzado en la construcción, el servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y el procesamiento de madera.

Existen casos de “trabajadores extranjeros a bordo de buques pesqueros de bandera taiwanesa y china que se encuentran en aguas uruguayas, atracados en el puerto de Montevideo que podrían estar sujetos a abusos que indiquen la existencia de trabajo forzado, entre ellos salarios impagos, identificaciones confiscadas y abuso físico. Los rumores de homicidios en altamar fueron frecuentes. Desde el año 2013 se ha registrado un tripulante fallecido al mes en estos buques. Ciudadanos de otros países, incluidos China y la República Dominicana, pueden estar en tránsito en Uruguay de camino a otros destinos, particularmente Argentina”, señala el informe.
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