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24/01/2019

Uruguay al EPU: hubo avances “importantes” en DDHH para el pasado reciente

El gobierno defendió al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y participación en juicio de Roma. La SCJ ignoró recomendación sobre prescripciones

Salón donde se realizan las sesiones del EPU, en Ginebra. 

Una nutrida delegación del Estado uruguayo compareció este miércoles 23 en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas en Ginebra. La comitiva estuvo encabezada por el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, quien estuvo acompañado de una docena de representantes de otros organismos del Estado.

En la presentación inicial Bergamino reafirmó el compromiso de Uruguay con el mecanismo del EPU y defendió los avances legislativos en materias como violencia de género, diversidad sexual, equidad racial, promoción del trabajo para personas con discapacidad, entre otras.

Respecto a la situación de los migrantes, Bergamino sostuvo que hubo un “incremento exponencial” de la cantidad de personas en movimiento que se asientan en el país, lo cual implicó que “el marco institucional se ha visto por momentos desbordado frente a incrementos acelerados, no necesariamente previsibles”.

Ante esta situación, dijo el funcionario de Cancillería, “se realizan constantes esfuerzos por asegurar a las personas migrantes, a los solicitantes de refugio y a los refugiados el acceso a todos los servicios básicos y derechos fundamentales”.

En cuanto a la observación realizada en el ciclo anterior del EPU, y reiterado en el actual, respecto a la falta de reconocimiento del derecho al voto a los uruguayos en el exterior, Bergamino dijo que “se creó por ley una Comisión Honoraria que, en un plazo no mayor a 120 días, deberá presentar al Poder Legislativo un proyecto e informe normativo donde se analicen las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto en el exterior. Este es un derecho con el cual este gobierno se encuentra comprometido y aspira a concretar a la brevedad”, destacó el vicecanciller, aunque no mencionó que la oposición política decidió no participar del proceso.

En materia de pobreza, el subsecretario destacó que “en 2017 el índice de pobreza en Uruguay descendió a 7,9%, se redujo la indigencia a 0,1% y la desigualdad medida por índice de GINI se redujo a 0,38%”. Si bien subrayó que la pobreza infantil pasó del “59% en 2005 al 15% en 2018”, reconoció que “ha aumentado la brecha entre pobreza infantil y adulta, cuyo abatimiento es uno de los grandes desafíos del presente”. Sobre este punto no aportó ningún porcentaje.

Respecto a las observaciones sobre las condiciones de reclusión de los adolescentes privados de libertad, Bergamino aseguró que “en el ámbito de la justicia penal juvenil, el Uruguay cuenta con un nuevo modelo de medidas socioeducativas y de inclusión social”.

Esta afirmación del funcionario se opone al informe elaborado en 2018 por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que aseguró que en esta materia "se mantiene una ausencia o desconocimiento de una política institucional integrada, coherente y acorde a estándares internacionales" y que sólo existió una modificación de nomenclatura institucional.

Pasado reciente: avances y frenos


Vicecanciller Ariel Bergamino. 

Sobre las investigaciones de las violaciones a los Derechos Humanos en el pasado reciente, Bergamino sostuvo que en los últimos años se produjeron “avances institucionales importantes”, entre los cuales mencionó la conformación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Esta instancia, promovida por el presidente Tabaré Vázquez, fue duramente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil por su inoperancia, lo cual llevó a que varias de ellas (como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos) decidiera abandonarla en febrero del año pasado.

Los cuestionamientos planteados respecto a la prescripción de los delitos de lesa humanidad no fueron respondidos por el Estado uruguayo. Sobre ese aspecto el vicecanciller admitió que “la Suprema Corte de Justicia desde el año 2013 ha declarado en algunos procedimientos, no en todos, la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 de la Ley 18.831 que dejó sin efecto la Ley de Caducidad”, aunque agregó que “las sentencias tienen efecto solo en el caso concreto y, en los hechos, no impiden la continuación de los procedimientos a efectos de determinar responsabilidades fuera del ámbito de los delitos a que refieren esos artículos. Esto significa que la sentencia no configura la clausura de las investigaciones judiciales”.

Tampoco el representante de la Suprema Corte de Justicia asumió la responsabilidad sobre esta observación realizada a Uruguay.


Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell, en la sesión del EPU. 

El integrante de la SCJ, Eduardo Turell, dijo que el Poder Judicial “ha continuado en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay” y que “se han seguido las tareas de excavación a fin de encontrar los restos de la señora María Claudia Irureta Goyena”.

“La Suprema Corte de Justicia ha dictado y continúa dictando cursos de capacitación en Derechos Humanos, tanto en cursos de formación inicial de aspirantes a la Magistratura, como en formación continua”, uno de los puntos a los que se comprometió Uruguay ante la Corte Interamericana, sostuvo Turell.

El magistrado también explicó que existe en el Poder Judicial “una base de datos (BJN) en la que se registran sentencias dictadas mayoritariamente por Tribunales de Apelaciones en lo Penal y Suprema Corte de Justicia en el ámbito de su competencia dentro de la que se incluye la cuestión de los Derechos Humanos”.

Por su parte, la representante de la Presidencia de la República, María Antonella Introini, aseguró que “lo más trascendente que muestra Uruguay en materia de investigación de las violaciones de los derechos humanos, especialmente las desapariciones forzadas, radica en la fuerte presencia del Estado Uruguayo ante las Cortes Nacionales e Internacionales en procura de la investigación de los derechos y la identificación de los penalmente responsables”.

La asesora de la Secretaría de la Presidencia sostuvo que el Estado “participa activamente en el proceso radicado en la Tercera Corte de Assise de Apelaciones de Roma en torno a los ciudadanos desaparecidos durante la época en que se desarrolló el Plan Cóndor en Sudamérica”.

En ese sentido dijo que el Gobierno puso a disposición de la Fiscalía italiana nueve sentencias dictadas por la justicia uruguaya que prueban la existencia del Plan y determinan responsabilidades penales, aunque añadió que “es necesario ampliar la investigación de los hechos en todos los Fueros, incluidos los Internacionales”. Introini no abundó en detalles al respecto.

La intervención inicial de Bergamino fue sucedida de una presentación del representante de la SCJ Eduardo Turell y de la senadora socialista Mónica Xavier en nombre del Poder Legislativo.


Luego de las recomendaciones planteadas por representantes de 32 países, Bergamino volvió a tomar la palabra y la cedió a otros cinco integrantes de la delegación: Federico Graña, Ministerio de Desarrollo Social; Stella González, Ministerio del Interior; Marisa Lindner, INAU; Gabriela Fulco, INISA; y Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario.



Después de estas intervenciones se escucharon recomendaciones y observaciones de otras 28 delegaciones ante el EPU, tras lo cual Bergamino habilitó la participación de otros cinco representantes del Estado uruguayo: Rosita Angelo, MEC; Laura Motta Migliaro, ANEP; Humberto Ruocco, Ministerio de Salud Pública; Maria Antonella Introini, Presidencia; y Fabiana Goyeneche, Intendencia de Montevideo.

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