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05/02/2019

Documentos oficiales fueron pagados por UPM, aseguran ambientalistas

El gobierno envió al Parlamento información sobre la nueva planta de celulosa que es duramente cuestionada por grupos ambientalistas en el entendido que fueron financiados por la multinacional
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un expediente, con dos documentos, con información referente a la proyectada planta de celulosa de la multinacional de origen finlandés UPM. El gobierno asegura que no perderá dinero en ningún escenario posible con su inversión para instalar esta  segunda planta de UPM en un horizonte de 30 años, según uno de los documentos enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
 
En este primer documento se analiza el acuerdo de inversión firmado y su relación con el desarrollo sostenible del país, la descentralización, el marco normativo, el desarrollo territorial, la cadena forestal de madera celulosa y su potencial futuro, los principales impactos económicos, la generación de empleo de calidad, el impulso al empresariado nacional y el capital humano, el desarrollo innovador, la realización de infraestructura, la sustentabilidad ambiental y las características del inversor y sus antecedentes en el país y en el resto del mundo, según el sitio web de Presidencia.
 
En el mejor escenario el Valor Actual Neto del proyecto se ubica en 1.315 millones de dólares y en el peor escenario que figura en el informe (llamado “Estresado”) la ganancia para Uruguay llega a los 205 millones. El escenario base que maneja el informe sitúa las potenciales ganancias de las inversiones del gobierno en 668 millones.
 
Este segundo documento presenta una evaluación financiera de ingresos y egresos del proyecto, tomando en cuenta las diferentes dimensiones del contrato en un horizonte de 30 años. El documento compara estrictamente flujos financieros y no toma en cuenta ningún tipo de externalidades como por ejemplo la reducción de la accidentabilidad, impactos socioeconómicos, desarrollo territorial, desarrollo de la cadena forestal, generación de empleo, impulso al capital humano e innovación en la zona norte, o de reputación internacional en materia de inversiones.
 
Sin embargo, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) cuestionó los informes del gobierno con el argumento que se trata de “respuesta poco seria del Poder Ejecutivo frente a un pedido de información que habilite la discusión y el debate”.  
 
Además, advirtió que estos documentos fueron elaborados por una consultora contratada por la empresa finlandesa, y ya son conocidos, porque fueron entregados hace más de un año a los legisladores.
 
“El gobierno no responde al desafío de debatir públicamente los supuestos beneficios económicos para el país del proyecto de UPM y difunde por la web como propios estudios ya conocidos de la consultora CPA Ferrere que trabaja para UPM”, señala un comunicado de Movus.
 
“Queda claro que, más allá de la propaganda, el gobierno no posee argumentos para debatir seria y abiertamente, entre uruguayos, un gasto de más de 4 mil millones de dólares que el Uruguay hará solo para la posibilidad de que UPM decida instalar una nueva planta que, operando en zona franca, no dejará beneficio alguno al país”, agrega.
 
El principal documento con el que se pretende justificar el gasto es el de “Evaluación Financiera” que en siete carillas contabiliza las ventas de celulosa de UPM como “exportaciones” del Uruguay, un dato que no aparece en los registros de la Aduana y del Banco Central de Uruguay, por hacerse desde una zona franca, denuncian los ambientalistas.
 
En ninguno de los documentos presentados se aborda el consumo de agua del Río Negro que requerirá la planta de UPM, en especial la exigencia de un caudal mínimo que obliga a UTE a considerar la suba de la cota del lago de Rincón del Bonete, inundando 10 mil hectáreas productivas y las playas de San Gregorio de Polanco, sostiene el comunicado.
 
En opinión de los ambientales estos documentos fueron presentados “tardíamente” y tienen como objetivo “llenar el ojo de ciudadanos desinformados, pero la población está conociendo día a día los perjuicios de este compromiso para el país. Reiteramos ahora el desafío al gobierno nacional a un debate público frente a los medios de difusión para analizar estos aspectos.
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