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09/06/2017

Paraguay busca extradición de Figueredo y que pague el dinero que robó en 15 meses

Ex presidente de CONMEBOL denunciado por asociación criminal: “el mandatario debe restituir” los fondos e intereses, según la demanda a la que accedió Sudestada

Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo en los buenos tiempos de la Conmebol. 

Walter Pernas / Sudestada / @PernasWalter

Eugenio Figueredo goza de cierta libertad ambulatoria: sale a “trabajar” y se lo ha visto pasear al perro. El acuerdo al que llegó con la Fiscalía –al entregar bienes y datos relevantes para la investigación– redujo la pena de seis a tres años de penitenciaría, y eso en principio pareció un gran negocio para su vida de más de ocho décadas.

El ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) había sido arrestado el 27 de mayo de 2015, en Zurich, junto a otros encumbrados dirigentes de FIFA, como consecuencia de una megainvestigación de la Fiscalía de Estados Unidos.

La justicia Suiza optó por extraditarlo a Uruguay, donde terminó procesado el 24 de diciembre de ese año por lavado de dinero. Pero aún no se ha dictado sentencia firme en su caso, y eso le imposibilita acceder a libertad anticipada.

Si se dictara –y se mantiene el acuerdo original con el Ministerio Público–Figueredo ya habría cumplido dos años de privación de libertad (siete meses en Suiza y 17 en Uruguay), es decir las dos terceras partes de la pena, y eso lo dejaría automáticamente excarcelado, es decir con derecho a salir libremente de su lujoso apartamento de la rambla de Pocitos donde cumple la “reclusión domiciliaria”.

El artículo 328 del Código del Proceso Penal establece que “si el penado ha cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, la Suprema Corte de Justicia concederá la libertad anticipada. Sólo podrá negarla, por resolución fundada, en los casos en que los signos de rehabilitación del condenado no sean manifiestos”.

Pero tal como están las cosas, a Figueredo ya no le conviene una condena tan reducida. Por un lado pretende, como todo ser humano, recobrar su libertad, pero sabe que dentro de un año habría de cumplir la totalidad de la pena, y eso implicaría el riesgo de ser extraditado y posiblemente encarcelado en algún otro país donde se lo requiere por otros delitos también cometidos como presidente de CONMEBOL.

“Efectivamente, se pedirá la extradición desde Paraguay, y una vez que cumpla la pena en Uruguay deberá rendir cuentas aquí en Asunción”, dijo a Sudestada un integrante del sistema penal paraguayo vinculado al caso.

Es de “Manual” pensar que Figueredo buscara protección en el principio de Non bis in ídem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito), pero los abogados de CONMEBOL sostienen que “no hay doble enjuiciamiento porque se trata de hechos distintos”, tanto los investigados en Uruguay como los que propiciaron la investigación en Estados Unidos.

“Los hechos investigados en aquella jurisdicción no guardan relación alguna con los reportados en esta denuncia”, por cuanto entienden que las causas resultan independientes en lo penal y jurisdiccional.

“Las operaciones señaladas en el reporte de la auditoria internacional Ernst & Young, ponen en evidencia que la CONMEBOL fue gravemente afectada, desde el punto de vista patrimonial, por un esquema de administración desleal y fraudulenta, prolongado y continuo en el tiempo”, señala la denuncia que la Confederación Sudamericana de Fútbol acaba de presentar en Paraguay y a la que accedió Sudestada.

Ese esquema “debe ser debidamente investigado para la atribución de las respectivas responsabilidades penales de los autores, cómplices y encubridores y para la recuperación de los bienes indebidamente afectados”, alega el documento. Y afirma que las “operaciones más graves se registraron en el período 2000/2014, bajo la presidencia y administración de los señores Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo”.

La denuncia que ubica a Figueredo como protagonista


Leoz, Figueredo y Juan Ángel Napout. 

“EL informe de la auditora internacional Ernst & Young
(encargada por la nueva directiva de CONMEBOL) pone en evidencia que el sistema bancario fue utilizado para la realización de actos destinados a la legitimación de dinero procedente, directa o indirectamente, de actividades ilícitas”, añade la denuncia firmada por los abogados Osvaldo Granada y Daniel Mendonça.

De acuerdo a los documentos de respaldo que se entregaron al Ministerio Público de Paraguay “es posible identificar cuatro modalidades de operación irregular con afectación patrimonial (real o eventual)” de la CONMEBOL:

-Trasferencias bancarias locales y directas a favor de Nicolás Leoz o NL Stevia SA (28 millones de dólares)

-Transferencias bancarias directas a cuentas no identificadas (33,3 millones de dólares)

-Instrucciones a terceros de pago a empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos hechos de soborno, fraude y lavado de dinero en el denominado “Caso FIFA” (10,4 millones de dólares)

-Trasferencias bancarias internacionales y directas a favor de terceros sin adecuado respaldo documental por supuestos servicios prestados (58 millones de dólares).

La documentación que se adjuntan como prueba incluye “reportes bancarios de las operaciones individualizadas”, el “reporte forense de la auditoria internacional Ernst & Young”, y contiene “información relevante sobre ingresos, egresos y movimientos de fondos de la institución en el período 2011/2015, bajo la presidencia y administración de los señores Nicolás Leoz (1986/2013), Eugenio Figueredo (2013/2014) y Juan Ángel Napout (2014/2015)”.

De esta manera se pide el enjuiciamiento de Figueredo, Leoz, Napout y otros eventuales responsables, por los delitos de “apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y lavado de dinero”, con penas que pueden llegar a “10 años de prisión”.

La denuncia subraya que durante el mandato de Leoz y Figueredo el “modelo de gestión de la CONMEBOL estuvo concentrado en los más altos funcionarios de la institución y operó sin controles eficaces de supervisión”.

Apoyándose en doctrina especializada señala que la “corrupción organizacional se instala y desarrolla cuando los agentes directivos tienen poder monopólico en la administración, gozan de amplias facultades discrecionales y proceden con escasa trasparencia”.

En tales circunstancias, no era posible la denuncia penal: “sobra decir que los órganos de administración y control de CONMEBOL estaban a cargo de personas que nunca alertaron sobre las graves irregularidades identificadas”, apunta el escrito.

“Los elementos de juicio disponibles hacen suponer seriamente que las principales autoridades de CONMEBOL actuaron durante años en la más absoluta connivencia para la ejecución y el encubrimiento de los hechos punibles ahora reportados” y que los hechos “delictivos se prolongaron en el tiempo de forma continuada”, remarca la denuncia.



El “mandatario” debe restituir el dinero

El presidente de la CONMEBOL actúa como “mandatario” y está sujeto a las reglas del mandato, a la luz de los artículos 99 y 974 del Código Civil paraguayo: “El mandato, como contrato, tiene lugar cuando una persona acepta poder de otra para representarla en el manejo de sus intereses o en la ejecución de ciertos actos (artículo 880 del Código Civil)”.

“De acuerdo con las reglas del mandato, el mandatario está obligado a restituir todo cuanto recibió del mandante y no hubiese dispuesto por indicaciones suyas” y “esto incluye, desde luego, dinero” señala la denuncia citando los artículos 891.f y 894 del Código Civil.

Así, “el mandatario debe abonar, además, los intereses correspondientes al dinero aplicado en provecho propio, desde el día que lo hiciere”, según el artículo 893.

Leoz fue presidente de CONMEBOL durante 27 años (1986/2013). Figueredo estuvo unos 15 meses en la presidencia, desde el 30 de abril de 2013 al 8 de agosto de 2014. Y Juan Ángel Napout asumió el 8 de agosto de 2014 y renunció el 9 de diciembre de 2015.

Los tres denunciados se encuentran en prisión domiciliaria: Leoz en Paraguay, Napout en Estados Unidos, Figueredo en Uruguay.

Todos conservan bienes que serán objeto de pesquisa por parte de la justicia paraguaya.