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29/07/2019

En la urgencia por habilitar a UPM postergan exigencias ambientales

Informe de los técnicos evidencia que la nueva planta de celulosa fue autorizada sin estar definidos aspectos sustanciales del proyecto de mayor impacto ambiental


Víctor L. Bacchetta

La autorización ambiental previa (AAP) para la planta de celulosa de UPM en el río Negro concedida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) el pasado 14 de mayo se remitía a la recomendación del Informe Final de la División Emprendimientos de Alta Complejidad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Dicho documento tenía la misma fecha del 14 de mayo pero, curiosamente, no aparecía publicado junto con la resolución ministerial.

Luego de haber tratado infructuosamente de obtener este informe en el sitio web del Observatorio Ambiental Nacional (OAN), el 4 de junio Sudestada realizó una solicitud en base a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (N° 18.381). Un mes después, el 4 de julio, se pidió una prórroga por 20 días hábiles más para la respuesta alegando "el cúmulo de trabajo que cuenta la Unidad Ejecutora que debe remitir la información", según la resolución del Director General del MVOTMA, Homero Guerrero.

En los últimos días, luego de que UPM anunciara que irá adelante con el proyecto, algunos medios de prensa se hicieron eco de aquella situación y le preguntaron al director de la Dinama, Alejandro Nario, por aquel informe. Nario respondió que estaba publicado y, sorpresivamente, el documento apareció en la web del OAN. No es una simple anécdota porque el informe pone en evidencia bajo qué condiciones se está otorgando esa autorización y revela el interés en demorar su lectura.

“Han quedado algunas cuestiones remanentes sin el suficiente grado de definición o tratamiento, las cuales se entienden de todos modos no inhabilitan a este GT a sugerir respecto de la autorización solicitada”, expresa el Informe Final del Grupo Técnico (GT) de la División Emprendimientos de Alta Complejidad a cargo de la evaluación de las tres partes del proyecto: planta de celulosa, vía férrea y terminal portuaria.

Los técnicos dejan constancia de que “la información presentada por las proponentes durante todo el proceso ha sido despareja en cuanto a su nivel de calidad, y que varias definiciones sustantivas fueron presentadas de forma tardía, entorpeciendo el proceso de evaluación”. Y agregan que “la actitud de la empresa durante el proceso no ha sido siempre proclive a la presentación de la información necesaria solicitada”, dificultando aún más esa evaluación al no presentarla en español.





Si se tiene presente el contrato por el cual gobierno se comprometió a definir en plazos perentorios las autorizaciones de los proyectos asociados a la planta de celulosa de UPM y que desde la Presidencia y la cúpula del ministerio, incluyendo a la Dinama, ha existido una presión ostensible en ese sentido, tales afirmaciones de los técnicos revelan, aún en un tono moderado, la existencia de varias irregularidades en el proceso de evaluación.

Por lo pronto, del Informe Final del Grupo Técnico se desprende claramente que la autorización ambiental fue otorgada a UPM sin tener asegurada una condición clave para la viabilidad del proyecto en ese lugar que es la calidad del agua del Río Negro como consecuencia del vertido de los efluentes de esa planta de celulosa.

Exigencias ambientales subordinadas al proyecto



Los Términos de Referencia definidos por la Dinama para lo que debía ser el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de planta de celulosa de UPM decían:

“Se evaluará la posible afectación a la calidad del agua en la zona de influencia del proyecto a consecuencia de la descarga de efluentes prevista... Dicha evaluación incluirá el análisis de distintas ubicaciones del punto de descarga a lo largo del río en un tramo de al menos 5 km de longitud ... de modo de identificar la localización que presente mejores condiciones hidrodinámicas para la descarga del efluente”.

La Dinama estableció que la pluma del efluente, o sea, la zona de dispersión del fluido hasta su dilución en un nivel aceptable, debía tener un largo máximo de 1.000 (mil) metros aguas abajo y 300 metros aguas arriba del punto de descarga. El río Negro registra reflujos en ese lugar por tratarse del embalse entre las represas de Rincón del Bonete y Baygorria. Asimismo, el ancho de la pluma no debía llegar a las márgenes del río, por su importancia para la cría, el refugio y la alimentación de los peces.

UPM propuso la construcción de un emisario subacuático de 250 metros de longitud y en su extremo final un difusor de 140 metros de largo con 17 toberas, perpendicular al curso natural del río. Los técnicos de la Dinama solicitaron la realización de pruebas con diferentes condiciones del difusor y del flujo del río. La conclusión de los estudios hidrodinámicos fue que el dispositivo diseñado no resultó suficiente para que la zona de dilución del efluente se mantuviera dentro de los límites definidos.

El GT señaló asimismo que la información sobre la planta de tratamiento de efluentes de la operación era incompleta y reclamó mayor detalle que el nivel conceptual. “Se deberá contar, como mínimo, con el proyecto de ingeniería”, expresaron los técnicos de la Dinama, requiriendo una definición precisa de la estructura de descarga de los efluentes y la delimitación de la zona de mezcla que se propone.

El informe agrega que la empresa enumeró los parámetros de calidad del agua sin explicar la frecuencia de los muestreos a realizar ni las medidas a adoptar si se superan los límites. Tampoco tenían la información requerida unidades relevantes como la planta química, definiendo los productos que se producirían en el lugar y cuáles no, y el Sitio de Disposición Final de los desechos sólidos.

Para justificar las autorizaciones se dice que los aspectos no definidos se exigirán a continuación, pero el proceder se repite cuando en la etapa siguiente sucede lo mismo. Así ocurrió con la localización de la planta, aceptada en base a estudios que se harían después, y con el proyecto ferroviario, remitiendo la evaluación de los impactos al proyecto de ingeniería posterior.

En lugar de supeditar el proyecto a las exigencias ambientales, la prioridad la tiene el proyecto.

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