Tiempo estimado de lectura:
25/08/2018

Aplican decreto "mordaza" del agua mientras estudian su modificación

El presidente Vázquez se comprometió a cambiar la reglamentación de Ley de Recursos Hidrobiológicos, pero la Dirección de Recursos Acuáticos la está implementando
Víctor L. Bacchetta
 
A raíz de una solicitud de autorización de pesca científica por tratarse de un trabajo en una zona del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, (DINARA), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), tras autorizarla desde el punto de vista técnico, exigió un compromiso por escrito de no divulgar los datos obtenidos sin su autorización.

"El solicitante debe comprometerse expresamente y por escrito a no dar a publicidad los datos obtenidos sin la autorización expresa de la DINARA y a permitir el control de las actividades desarrolladas por parte de los técnicos que la DINARA determine", señala la resolución refrendada por el director del organismo, Andrés Domingo. 
 
 
La solicitud fue realizada por un docente de la Facultad de Ciencias para investigar los impactos de la carpa, una especie exótica invasora, en los humedales del río Santa Lucía, para el trabajo de pasantía de grado de dos estudiantes. La escasa entidad de esta investigación evidencia que desde la DINARA se quiere reafirmar la vigencia del decreto en los aspectos que generan mayor resistencia académica. 
 

A fines de julio, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarián, aseguró que el presidente Tabaré Vázquez, le manifestó su intención de eliminar varios puntos del polémico decreto que restringen la libertad de investigación.
Con esa finalidad se constituyó una comisión integrada por representantes de las carteras de Ganadería, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Defensa. 

¿Discordancias dentro del gobierno?

Este decreto parece haber suscitado controversia también dentro del gobierno, que se manifiesta en diferentes actitudes. Se conoció, por ejemplo, que se llegó a elaborar el borrador de un decreto que suspendía por 120 días la aplicación del decreto 115/018 mientras se estudiaba su modificación y no consiguió ser aprobado. 
 
El 3 de agosto el directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en respuesta a decenas de investigadores, manifestó estar "muy preocupado por los impactos en la generación y divulgación de conocimiento y en la formación de recursos humanos relacionados a los ecosistemas acuáticos marinos y continentales, que podría tener la actual redacción de algunas partes de este decreto". 
 
 
La ANII, órgano del Poder Ejecutivo, comentó asimismo que, en una entrevista con los secretarios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Manta, y de Transformación Productiva y Competitividad, Álvaro Ons, donde les transmitieron sus preocupaciones, éstos informaron que la comisión interministerial designada al efecto le presentaría en breve a la Universidad de la República una redacción alternativa del polémico decreto. 
 
Tres semanas más tarde, había trascendidos de que la nueva redacción del decreto 115/018 ya se encontraba acordada y firmada por los cuatro ministerios integrantes de la referida comisión y que estaría pronta para ser elevada al presidente Vázquez, pero hasta entonces la Universidad de la República no había sido consultada ni le habían sido mostradas las modificaciones introducidas. 
 
"Aunque no es obligatorio, nosotros hicimos la solicitud de conocer el nuevo decreto antes de que sea aprobado", dijo a Sudestada la vicerectora de Investigación de la Udelar, Cecilia Fernández. "Eso no sucedió aunque si sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente tenía preocupaciones similares a las nuestras y que habrían quedado satisfechos con las modificaciones", agregó.
 
"De todas maneras, si el nuevo texto aprobado no responde a nuestros objeciones, recurriremos a todas las vías posibles", afirmó Fernández y mencionó que Markarian había informado en la sesión del Consejo Directivo Central del último martes que, ante cualquier eventualidad, cuentan con un informe de la Dirección General Jurídica para respaldar las impugnaciones del decreto.